LA POLÍTICA EDUCATIVA EN EL SIGLO XX.

En la evolución de las leyes educativas españolas y de su debate político en el S.XX hay 4 etapas marcadas:Hasta la proclamación de la 2ª República-con significativas reformas- se hereda la situación del S.XIX, aunque con intensa polémica política. La 2ª República es época de ruptura, pero se agudiza el enfrentamiento en materia de enseñanza.El régimen del general Franco supone la vuelta a la tradición previa, con novedades importantes,sobre todo una continua sucesión de reformas. Con la democracia de nuevo existe debate político por la educación, que con la aprobación d la Constitución de 1978 y su desarrollo, la situación se estabiliza; se produce un ordenamiento legal con elementos de los tres periodos anteriores.

El S.XX comienza con la novedad simbólica de la creación del Ministerio de Instrucción Pública y bellas Artes(1900)Era el anuncio de retoques en niveles educativos sin implicar ningún cambio fundamental en el ordenamiento legal de la enseñanza.

Mientras los sucesivos gobiernos , apoyados por católicos y conservadores, luchan por mantener el marco legal, los institucionistas y la izquierda abogan por un cambio radical. Las tres cuestiones más polémicas :el reconocimiento de la libertad de la cátedra, la libertad de enseñanza y la secularización de la enseñanza.
En cuanto a la libertad de cátedra, dos decretos del García-Alix (1901) confirmaron su reconocimiento parcial, (quedaba limitada al nivel universitario, reducida a los límites de la libertad de ciencia. Por otra parte, se produjo un retroceso durante la Dictadura de Primo de Rivera, con la aprobación del Decreto sobre propagandas antipatrióticas y antisociales(1925 ).

En lo relativo a la libertad de enseñanza, endurecimiento de las condiciones de inspección de la enseñanza secundaria no oficial y las del examen que sufrían los alumnos para obtener los grados académicos.Tal sistema no contestaban ,ni a católicos que lo considerabanmuy restrictivo, ni a las izquierdas, que eran partidarias del monopolio del Estado.

El enfrentamiento más profundo era el relativo a la secularización de la enseñanza, que quienes la defendían no sólo querían erradicar la influencia de la iglesia católica en la escuela pública, sino prohibir a los sacerdotes ejercer actividad docente. Un cambio radical en la política educativa que sólo se hará realidad durante la 2ª República., pero que en las primeras décadas del S.XX se defendió por grupos de izquierdas, la I.L.E y el partido liberal, que ocupó varias veces el gobierno.

La proclamación de la 2ª República y la gran victoria de republicanos e izquierdistas en las primeras elecciones alteró , por completo, tal situación. En la nueva constitución(1931), en su artículo 48, se reconoce la plena libertad de cátedra, pero se niega , por completo, la libertad de enseñanza, al afirmar " que el servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará con instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada".

A raíz del triunfo de los adversarios de la República en la guerra civil se configura, de nuevo, como un país confesional, en el que tanto los centros docentes del Estado como como los de iniciativa social deben inspirarse en las doctrinas de la religión católica. No se reconoce la libertad de cátedra, se impuso la tradición histórica en cuanto a la libertad de enseñanza y se sometió a estricta reglamentación la enseñanza no estatal.Las principales novedades en este terreno son la ruptura del monopolio del Estado en lo relativo a la concesión de títulos superiores, a raíz del Convenio sobre universidades de la iglesia y la posibilidad de que los poderes públicos financiasen las escuelas no estatales.Ésta última Ley, (Ley general de Educación), al sustituir el examen de Estado -la célebre "reválida"- por el de selectividad, concedió a los centros de enseñanza media no estatales la facultad de otorgar grados académicos lo que implica también un grado mayor de libertad de enseñanza.

Durante la transición a la democracia, la voluntad de aprobar una Constitución aceptada por la mayoría de los ciiudadanos, evitó un enfrentamiento como el de principios de siglo. El que el artículo 27 de la actual norma suprema fuese aprobado por consenso explica que esté integrado por elementos de diversa procedencia histórica. Así, el reconocimiento de la libertad de enseñanza, del derecho a la educación religiosa y de la libertad de cátedra y acaso la autonomía universitaria tienen más que ver con la sensibilidad de la izquierda. La posibilidad de que el Estado financie los centros de iniciativa social enlaza con la Ley General de Educación.

Finalmente, el sistema de dscentralización educativa y la regulación de la enseñanza de las lenguas propias es muy diferente y mucho más amplio que el ensayado durante la 2ª República.

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